Antonio Ponce Aguilar

…Avanzaremos lentamente, cometeremos errores, pero ahora la ruta de nuestra existencia la escogeremos nosotros, porque estamos aprendiendo a ser libres…

Proclamación de la independencia en Baja California

La revolución de independencia iniciada por el padre Hidalgo en 1810, no fue secundada de inmediato en las poblaciones californianas debido a su aislamiento y lejanía de los acontecimientos, además de que los misioneros siempre repudiaron el movimiento que, desde su inicio, fue anatematizado por la iglesia. Sin embargo, la situación de miseria y sometimiento que afectaba a la mayoría de la población, la falta de pago a los soldados y la corrupción que frecuentemente se daba en los gobernantes, habían hecho que mucha gente contemplara con esperanza los cambios que estaban ocurriendo, y en 1815 se sublevaron los pueblos de Mulegé, San Ignacio y La Purísima, aunque pronto fueron apaciguados por el gobernador capitán de caballería José Darío Argüello, quien el año anterior había substituido al capitán Felipe Goycochea en el mando. El gobierno de éste fue un ejemplo de la inmoralidad administrativa que hundía más al pueblo en la pobreza e impedía su desarrollo, y llegó a ser acusado por los misioneros, junto con el padre Ramón López, de permitir el contrabando de bebidas alcohólicas y el asentamiento de extranjeros en algunos lugares de la costa de Todos Santos¹.

En carta del 6 de enero de 1819, el padre Pablo María Zárate, de San José del Cabo, le había pedido al gobernador José Darío Argüello que tomara las medidas necesarias para defenderse contra cualquier ataque revolucionario; se reconocía que la insurgencia podría extenderse hasta la península, por lo que tanto el coronel Pablo Vicente Solá, gobernador de la Alta California, como Argüello, apoyados por franciscanos y dominicos, respectivamente, tomaron algunas providencias para resistir cualquier intento de rebelión o apoyo a la revolución de independencia que se peleaba en el resto de la colonia; se hizo un inventario de todas las armas con que se pudiera contar, y se tomó nota de los hombres que había disponibles para la lucha.

En 1822, el marino inglés Thomas Alejandro Cochrane², que había intervenido en Brasil y Chile a favor de su independencia, llegó al frente de una escuadra a ofrecer sus servicios a Iturbide, y al ser rechazado por éste, dos de sus naves, el “Independencia” y el “Araucano”, se dirigieron a la Alta California pero se devolvieron al no poder intimidar al gobernador, los hombres del Independencia desembarcaron en San José del Cabo, cuyo templo y misión fueron saqueados; el Araucano siguió hasta Loreto, en donde se repitieron las bárbaras acciones, lo que de alguna forma, quizá sirvió para que el padre José Duró reconociera los Acuerdos de Acatempan, recién firmados por Iturbide y Guerrero, como se verá más adelante.

Por su parte, el gobernador Argüello, en lugar de enfrentarse a los piratas emprendió la fuga hacia Comondú, aunque no pudo impedir que los ingleses le dieran alcance y le quitaran varias piezas de plata de la misión que llevaba consigo. Esto provocó que los marineros se pelearan por el botín, unos zarparon en el Araucano hacia Guaymas en busca de provisiones, y otros se quedaron en tierra destazando una reses que habían comprado, lo que aprovechó el alférez José María Mata para hostigar y aun repeler a la fuerza enemiga al frente de sólo 15 hombres mal armados; poco después regresó el Araucano, los asediados mercenarios en tierra fueron rescatados y algún tiempo después todos se hicieron a la vela para ya no regresar. Hay quienes consideran que la amenaza de Cochrane sobre el sur de la Baja California, y el recuerdo del asalto de Bouchard a la Alta California en 1818, de lo cual se habla más adelante, apresuraron la aceptación de la independencia de México por parte de las personalidades civiles, religiosas y militares de la península. El 25 de febrero de 1822, el padre José Duró reconoció en San José del Cabo los acuerdos de Acatempan; José María Mata y el alcalde Juan Higuera llevaron a cabo en Loreto la proclamación y jura de la independencia el 7 de marzo, e igual había hecho el 25 de febrero en San Antonio el alférez Fernando de la Toba como comandante de armas de la jurisdicción del sur; sin embargo, suele reconocerse a José María Mata como el primero en proclamar la independencia en Baja California por haberlo hecho con su carácter de comandante de la milicia en Loreto, así como por su decidida intervención en contra de los corsarios cuando atacaron la capital provincial³.

El 21 de junio de 1822 desembarcó en Loreto el canónigo Agustín Fernández de San Vicente con amplias facultades otorgadas por el emperador Agustín de Iturbide, y el 7 de julio de 1822 procedió a la proclamación y jura de la independencia de México, conforme al acta que se transcribe a continuación:

En el Presidio de Loreto, capital de la provincia de la Baja California, a siete días del mes de julio de mil ochocientos veintidós, previas las disposiciones necesarias, para la inteligencia del público, se dio principio a la función del juramento solemne con un repique de campanas, salva de la tropa del país; enseguida se cantó una Misa de preparación a la que asistió el Jefe Político interino, el Ylustre Ayuntamiento y los señores convidados de la noble comitiva del buque Bergantín San Carlos de la Armada Imperial y un gran concurso del pueblo de Inter Missarum solemnia Dixo: el Diácono R.P. Fr. Tomás de Ahumada dirigió enérgicamente exhortación al pueblo análogo a las circunstancias. Concluida la Misa y puesto en el Presbiterio un altar Portátil con la efigie de un Crucifixo y Libro de los Santos Evangelios prestaron los Sres. RR. PP. Misioneros el debido juramento de obediencia al Soberano Constituyente ante el Sr. Comisionado del Ymperio Mexicano, Dr. D. Agustín Fernández de Sn. Vicente, Prebendado de la Santa Iglesia Catedral de Durango y acto continuo lo hizo el Sr. Jefe Político interino y el ex- gobernador Capitán Dn. José Darío Argüello, lo que efectuado siguió a prestarlo el Ayuntamiento en cuerpo, a que siguió a verificarlo el pueblo en común. Después lo prestaron en sus respectivos cuerpos la tropa de Guarnición y marina de este pequeño Departamento. Acabada la ceremonia se procedió al paseo por la plaza y calles principales del presidio hasta concluirse en la Casa Capitular de el Ayuntamiento, en donde el Síndico Procurador arengó al Sr. Comisionado con un discurso en el que manifestó su adhesión y entusiasmo al sistema adoptado. Cerraba la retaguardia de la noble e ilustre comitiva el Sor Subteniente Don Joaquín García, que con la tropa de su mando marchaba al son de cajas en orden militar. A este le seguía multitud de gente de el pueblo, que con vivas y aclamaciones no cesaban (desde que se acabó el juramento) de manifestar su alegría y entusiasmo a nuestro venturoso sistema. Para mayor ornato se iluminaron en la noche de este día las casas de todo el vecindario, dando fin la función con un bayle que celebró en la casa de Sor Alcalde.

En cuyo testimonio de verdad y para los fines convenientes, lo firmamos. De. Que Yo, el infraescrito Secretario doy fe. Fernando de la Toba - Juan Higuera, Alcalde – Anastacio Arce. Primer Regidor.- Enrique Cota, Segundo Regidor.- Luis Cuevas, Síndico Procurador. Martín Higuera, Secretario⁴.

Fernando de la Toba tenía cierta experiencia en el desempeño del gobierno debido a que, por enfermedad de José Darío Argüello, lo había substituido en el puesto del 21 de junio al 5 de octubre de 1821, por lo que Fernández de San Vicente lo nombró para que ocupara interinamente el gobierno; sin embargo, antes de salir hacia la Alta California lo depuso y entregó el puesto al teniente José Manuel Ruiz el 3 de octubre de 1822.

Por informes procedentes de Mazatlán desde junio de 1816, se supo en la Alta California de la presencia de barcos corsarios insurgentes procedentes de Chile que navegaban frente a las costas occidentales de la Nueva España, los cuales, con el pretexto de ayudar a los movimientos de independencia contra España, atacaban y saqueaban todo barco o población que podían. Para fines de 1818 la amenaza de los corsarios se materializó cuando el pirata argentino de origen francés Hipólito (originalmente André) Bouchard desembarcó en las costas de Alta California para saquear pueblos y misiones, a pesar de cierta resistencia que ofrecieron las tropas del gobernador Pablo Vicente Solá⁵.

El 24 de febrero de 1821, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero habían firmado el Plan de Iguala al consumarse la independencia, y casi un año después, refiriéndose a las vagas informaciones recibidas de México, Solá escribió una carta al gobernador en Loreto, José Darío Argüello, que en parte decía:...Tales documentos han sido impresos en un país de soñadores, ya que la independencia es un sueño. Día a día, sus prensas imprimen cosas absurdas por miles, pero usted y yo sabemos que la inmortal e incomparable nación de España tiene muchos y muy grandes recursos con los cuales se hará respetar y debe mirar con desprecio versión tan absurda...⁶.

Esta misiva fue escrita en enero de 1822, y apenas unos tres meses después, el gobernador de la Alta California tendría que aceptar que aquellos “sueños” eran una realidad; recibió más comunicaciones confirmando la independencia de México, supo también de los saqueos que las naves piratas de Cochrane habían llevado a cabo en San José del Cabo y Loreto, y aun estaba fresco el recuerdo de Bouchard; lo cierto es que sospesadas las cosas, después de tener una reunión con los representantes de las misiones y comandantes militares de los presidios acordaron todos otorgar su reconocimiento al gobierno de Iturbide y jurar la independencia de México. Cuando el San Carlos ancló en Monterrey en octubre de 1822 y desembarcó Agustín Fernández de San Vicente, no hubo problema alguno para que se llevara a cabo la ceremonia oficial del juramento de obediencia al Imperio Mexicano, el acto se repitió en los demás poblados, habiendo sido San Diego el último presidio en donde se arrió el pabellón español, precisamente en donde por primera vez lo había izado Gaspar de Portolá.

De esta manera, los pueblos de las dos Californias tuvieron noticia oficial de la independencia de México, y se inició una nueva etapa en su historia, aunque las cosas no cambiarían tan fácilmente como pudiera esperarse. El primer gobernador de la Alta California mexicana fue Luis Antonio Argüello, hermano de Concepción, cuya historia se ha mencionado en páginas anteriores.

Las dificultades de ser libres. Los gobernantes

Ya se ha dicho que los religiosos de las Californias no aceptaron de buen grado la separación de España, aunque a pesar de la reacción absolutista de Fernando VII se había jurado en aquel país una constitución de tendencias liberales, que se estableció en México el 29 de agosto de 1820; sin embargo, con el advenimiento del régimen imperial de Iturbide el clero pudo ir revitalizando su poder, y esto continuó hasta después de la abdicación del emperador, ya que la constitución de 1824 permitió que se siguieran conservando los privilegios del clero y del ejército. De todos modos, se iniciaba en México la prolongada lucha entre el poder civil y el eclesiástico, los que fueron representados al principio por los federalistas o liberales y los centralistas o conservadores, la cual tendría resonancia en las Californias, al seguir defendiendo los misioneros el poder casi absoluto que por 125 años habían detentado en estas provincias.

Cualquiera nueva administración suele traer consigo dificultades y desconcierto propios del cambio en el sistema de gobierno, y más cuando se trata de algo tan radical como la culminación de una revolución de independencia, pero debe aceptarse que aun así, las transformaciones políticas, sociales y económicas que se dieron en Baja California después de 1822 fueron, con todas sus imperfecciones y aun con el lastre de la pobreza e ignorancia, pasos hacia el progreso del pueblo basados en su libertad.

Varios de estos cambios, algunos de los cuales promovió el propio Fernández de San Vicente antes de irse al elaborar reglamentos y disposiciones oficiales, fueron los siguientes: la creación de una diputación territorial, la integración de ayuntamientos, la instalación de una comisaría de hacienda, la creación de un marco legal dentro del cual se llevarían a cabo las actividades productivas a las que podrían dedicarse los particulares, incluyendo la minería, la pesca de perlas y el comercio en general; y la disposición de que la tenencia de la tierra y la colonización fueran acciones apegadas a la ley, a las cuales tendrían derecho todos los ciudadanos, entre los cuales estaban los indios⁷.

Según datos de Ulises Urbano Lassépas, en su Historia de la Colonización de la Baja California, en un período de 125 años de la etapa colonial, en California se habían tenido los siguientes gobernantes⁸:

• Luis de Torres y Tortolero, de 1697 a 1699;
• Antonio García de Mendoza, de 1699 a 1701;
• Esteban Rodríguez Lorenzo, de 1701 a 1744;
• Bernardo Rodríguez Lorenzo, de 1744 a 1750;
• Fernando Xavier de Rivera y Moncada, de 1750 a 1768;
• Gaspar de Portolá, de 1768 a 1771;
• Felipe Neve, de 1771 a 1776;
• Fernando Xavier de Rivera y Moncada, de 1776 a 1777;
• Joaquín Cañete, de 1777 a 1790;
• José Joaquín de Arrillaga, de 1790 a 1804;
• Felipe de Goicochea, de 1804 a 1814;
• Fernando de la Toba, de 1814 a 1815;
• José Darío Argüello, de 1815 a 1822.

Sin embargo, después de la independencia, por la inexperiencia en la autodeterminación política, o por la falta de personas con la educación cívica necesaria , o simplemente porque se reflejaba en este territorio el desorden que imperaba en los gobiernos del centro del país, de 1821 a 1858 se sucedieron en la Baja California 45 períodos de gobierno que estuvieron a cargo de 28 personas, y eso sin contar que en noviembre de 1831, la Diputación Territorial acordó que la jefatura política recayera cada mes en uno de sus miembros, lo cual provocó un desbarajuste aun mayor. Varios gobernantes fueron puestos, depuestos y reasignados en el cargo en repetidas ocasiones, y por diversas causas algunos jefes políticos abandonaron el gobierno sin proceder con los pasos legales para que la administración no quedara acéfala.

Por este tiempo se agudizó la crónica pobreza del pueblo, los soldados no recibían su prest desde 1810, y dado el aislamiento comercial que siempre afectó a La Frontera, la gente no podía conseguir las cosas más indispensables para su vida cotidiana, especialmente ropa. Esto obligó a muchas mujeres de San Vicente a que se vistieran con la jerga de lana que tejían en la misión, y que los hombres complementaran su vestuario con pieles de venado curtidas. Cuenta don Manuel Clemente Rojo que, a pesar de su pobreza, los soldados destacados en la región jamás dejaron de cumplir con su deber, y que, haciendo mofa de su propia desnudez, los fronterizos entonaban los siguientes versos:

Se mencionan a continuación algunos de los hechos más importantes que sucedieron en Baja California en esta etapa inicial del México independiente. El Teniente Coronel de Ingenieros José María de Echeandía fue nombrado por el presidente de la república Jefe Superior, Político y Comandante General de ambas Californias, y presentado como tal en Loreto el 23 de junio de 1825 por José Manuel Ruiz, quien tenía a su cargo la subjefatura política del territorio. Según Rojo, Echeandía venía acompañado por los dominicos Félix Caballero y Tomás Mancilla, aunque Nieser asegura que Caballero se encontraba en La Frontera cuando menos desde el 15 de diciembre de 1814, o tal vez antes¹⁰; lo cierto es que antes de seguir su camino hacia la residencia oficial de su cargo en Santa Bárbara, en la Alta California, el nuevo mandatario fundó dos escuelas en Loreto y San Antonio; el 19 de agosto, con la anuencia de los religiosos que venían con él desde la ciudad de México, expidió en Comondú un reglamento relativo a la entrega de tierras misionales desocupadas a indios y mestizos; y en San Vicente Ferrer quitó de su cargo al padre Antonio Menéndez y se lo llevó a San Diego, en atención a las quejas que en su contra presentó un indio de la misión; en honor de Echeandía y aunque se trate de un asunto aislado y de poca trascendencia, hay que señalar que fue éste el único caso en que el gobernador de las Californias concedió más valor a la palabra de un indio que a la de un misionero. En Baja California, la subjefatura política quedó en la persona de Fernando de la Toba, por renuncia de José Manuel Ruiz, cargo que ocupó hasta junio de 1826. De esta fecha hasta diciembre de 1828, se alternaron en ese puesto seis gobernantes, período en el cual resulta digno de mención el intento del Capitán José María Mata, quien en su corto período de gobierno de febrero a marzo de 1828, procedió de acuerdo con la diputación a enajenar tierras de la misión de San José del Cabo; sin embargo, Echeandía no sólo nulificó estas acciones sino que depuso a Mata, cuyo puesto fue ocupado por el señor José Meza de marzo a diciembre de 1828.

Al comienzo de 1829, el presidente Anastasio Bustamante envió al teniente coronel Manuel Victoria para sustituir a Echeandía, y a su paso por Loreto con destino a Monterrey dejó en el gobierno al coronel e ingeniero José Mariano Monterde, quien tuvo que radicarse en San Antonio debido a que el poblado capital había sido destruido por los fuertes temporales que por aquel tiempo azotaron el sur de la península. Durante su administración, se cambió la capital de Baja California de Loreto a La Paz, cuya población era entonces de unos 400 habitantes, estableció el primer ayuntamiento y una aduana, y en acatamiento al decreto del 29 de septiembre de 1830 clausuró 9 misiones. En 1831 Monterde fue electo diputado al Congreso de la Unión y quedó el gobierno en manos del primer vocal de la Diputación del Territorio Antonio Navarro, quien acordó con sus colaboradores que el puesto recayera mensualmente, por turno, en cada uno de los miembros de la referida Diputación. El caos que tal medida provocó, y el disgusto del pueblo, hicieron que en septiembre de 1833 el ingeniero Monterde regresara al gobierno, en donde permaneció hasta el 23 de octubre de 1834, cuando nuevamente se fue a la ciudad de México al nombrársele por segunda ocasión diputado al Congreso.

José Mariano Monterde, de linaje español, es un ejemplo del funcionario de alto nivel de la época, nació en la Ciudad de México en 1789 y estudiaba en el Colegio de San Juan de Letrán en 1812 cuando se dio de alta en la compañía de alabarderos que servía de escolta al virrey; al principio combatió a los insurgentes pero después se incorporó al ejército de Iturbide, en el cual sirvió hasta que terminó la revolución de independencia, cuando pudo concluir sus estudios de ingeniería. El aplicar Monterde la ley del 17 de agosto de 1833 sobre la secularización de las misiones excepto las más septentrionales de la península, fue un motivo más para que se dieran algunos choques armados entre los bandos de José María Mata y Juan José López, entre otros.

Ocurrieron, pues, frecuentes confrontaciones entre las facciones que, por antiguas diferencias políticas, y ahora, al adherirse o rechazar las tendencias liberales que se ponían de manifiesto con la secularización de las misiones y el reparto de sus tierras, se enfrentaban en una lucha que sería intermitente pero prolongada.

Decreto del 17 de agosto de 1833 de Valentín Gómez Farías¹¹ sobre la secularización de las misiones en las Californias

El vicepresidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio del supremo poder ejecutivo, a los habitantes de la república, sabed: Que el Congreso General ha decretado lo siguiente:

Art. 1º. El gobierno procederá a secularizar las misiones de la Alta y Baja California.

2º. En cada una de dichas misiones, se establecerá una parroquia servida por un párroco del clero secular, con la dotación de dos mil hasta dos mil quinientos pesos anuales, a juicio del gobierno.

3º. Estos curas párrocos no cobrarán ni percibirán derecho alguno por razón de casamientos, bautismos, entierros ni bajo otra cualquiera denominación.

En cuanto a derechos de pompa, podrán percibir los que se expresen terminantemente en el arancel que se formará con este objeto a la mayor brevedad por el reverendo obispo de aquella diócesis, y aprobará el supremo gobierno.

4º. Se destinan para parroquias las iglesias que han servido en cada misión, con los vasos sagrados, ornamentos y demás enseres que hoy tiene cada una; y además, las piezas anexas a la misma iglesia, que a juicio del gobierno se estimen necesarias para el decente uso de la misma parroquia.

5º. Para cada parroquia, el gobierno mandará construir un camposanto fuera de la población.

6º. Se asignarán quinientos pesos anuales para la dotación del culto y sirvientes de cada parroquia.

7º. De los edificios pertenecientes a cada misión, se destinará el más a propósito para la habitación del cura, agregándole terreno que no pase de doscientas varas en cuadro, y los restantes se adjudicarán, especialmente para casa de ayuntamiento, escuelas de primeras letras, establecimientos públicos y talleres.

8º. Para proveer pronta y eficazmente a las necesidades espirituales de ambas Californias, se establece en la capital de la Alta, un vicario foráneo que extienda su jurisdicción a los dos territorios; y el reverendo diocesano le conferirá las facultades correspondientes, con toda la amplitud que ser pueda.

9º. Por dotación de esta vicaría se asignarán tres mil pesos, siendo de la obligación del vicario todo su despacho, sin exigir bajo ningún título, ni pretexto, ni aun para el papel, derecho alguno.

10º. Si por cualquier motivo sirviere el cura párroco de la capital o de otra parroquia de aquellos distritos esta vicaría, se le abonarán mil quinientos pesos anuales o más de la dotación de su curato.

11º. No podrá introducirse costumbre alguna que precise a los habitantes de las Californias a hacer oblaciones, por piadosas que sean, aunque se digan necesarias; y ni el tiempo ni la voluntad de los mismos ciudadanos puede darles fuerza y virtud alguna.

12º. El gobierno cuidará eficazmente de que el reverendo diocesano concurra por su parte a llenar los objetos de esta ley.

13º. Nombrados que sean los nuevos párrocos, les proporcionará el supremo gobierno gratuitamente su transporte por mar con sus familias, y además para su viaje por tierra, podrá dar a cada uno de cuatrocientos a ochocientos pesos, según la distancia y la familia que lleve.

14º. El gobierno costeará el transporte a los religiosos misioneros que vuelvan, y para que lo hagan cómodo por tierra hasta su colegio o convento, podrá dar a cada uno de doscientos a trescientos pesos, y a su juicio lo que fuere necesario para que salgan de la república, los que no han jurado la independencia.

15º. El supremo gobierno llenará los gastos comprendidos en esta ley, de los productos de las fincas, capitales y rentas que se reconocen actualmente por fondo piadoso de misiones de Californias. Manuel R. Veramendi, presidente de la cámara de diputados. J. M. Troncoso, presidente senador. Ignacio Alvarado, diputado secretario. Antonio Pacheco Leal, senador secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio del gobierno federal en México, a 17 de agosto de 1833. Valentín Gómez Farías¹².

En 1835 y 36 hubo disposiciones que nulificaron el decreto anterior, pero a partir de 1841, se fue aplicando poco a poco en toda la península, sobre todo con las “advertencias” de Luis del Castillo Negrete del 11 de julio de ese año, que expresaban al principio: Donde no hay comunidad de neófitos, no hay misión, lo que significaba que no se justificaría la existencia de misiones en lugares en donde no vivieran indios gentiles.

Secularización de las misiones

En 1833, José Figueroa fue designado gobernador de la Alta California, y para dar cumplimiento a la ley de secularización de las misiones, dispuso que la mitad de sus tierras se entregaran a los indios y la otra mitad a particulares designados por el gobierno¹³, con la única condición para éstos últimos que fueran ciudadanos mexicanos y profesaran la religión católica. Como se verá más adelante, muchos extranjeros, sin renunciar a su nacionalidad, cumplieron fácilmente los requisitos mencionados, obtuvieron miles de hectáreas de tierra de la mejor calidad, y se constituyeron en refugio de las avanzadas norteamericanas que llegaron a la Alta California, antes y en preparación del asalto definitivo por el cual el ejército de los Estados Unidos se apoderó de ese territorio mexicano.

Cuando Monterde dejó el cargo para ocupar nuevamente la diputación, fue substituido interinamente por el peruano Nicolás Lastra del 23 de octubre de 1834 al 23 de abril de 1835, fecha en que, por disposición de la Presidencia de la República, asumió el puesto de Comandante Principal y Jefe Político Superior el Coronel Miguel Martínez. Durante su gestión, este militar trató de conciliar los bandos en pugna, pero su intento fue en vano. Es interesante un informe que envió en 1836 a las autoridades sobre la situación general de La Frontera, el cual decía en parte lo siguiente:

Misión de Santo Tomás: Dista de la anterior ocho leguas (Misión de San Vicente); su población es de cien habitantes de todo sexo y edad; tienen algunas tierras de regadío y de humedad y agua proporcionada a sus tierras para regarlas; huerta y viña, de cuyas labores se mantienen y visten sus habitantes, y está situada a cuatro leguas del Mar Pacífico. En sus inmediaciones hay algunas rancherías de bárbaros gentiles que no excederá su número de doscientos, poco más o menos. Su administración espiritual y temporal corre a cargo de su padre ministro Fray Tomás Mancilla. Se bautizan algunos gentiles de los que están más inmediatos... Misión de San Miguel. Es la última del Territorio y la más próxima a la Alta California, su población es de trescientos habitantes indígenas de todo sexo y edad, está cerca del Mar Pacífico del que dista como una milla... está rodeada de numerosa y bárbara gentilidad dispersa en varias tribus que reunidas pueden ascender al número de mil almas; son belicosos, están entre sí en continuas riñas o escaramuzas y de cuando en cuando causan hostilidades en los ganados de la Misión, los que ascienden al número de dos mil cabezas de la especie vacuna, y otro tanto del lanar, el caballar y mular será poco más o menos de cien cabezas...¹⁴

En este tiempo, el territorio de Baja California se dividió en 3 Partidos: el del Sur, con 4 483 habitantes; el de Loreto con 1 200 y el Partido de La Frontera con 805, lo que daba un total de 6488 personas. El Coronel Martínez abandonó el gobierno por razones personales, se embarcó hacia Sinaloa y dejó en el cargo al peruano Nicolás Lastra que gobernó el territorio del 26 de octubre al 2 de noviembre de 1836.

En los siguientes 7 meses gobernaron la Baja California Miguel Canseco, José María Mata, Juan José López y Fernando de la Toba; la Diputación estaba dividida, y en los poblados del sur llegaron a producirse choques entre gente de los diversos partidos, se cometieron abusos contra la población por parte de quienes tenían o ambicionaban el poder, hasta que el Presidente de la República, Anastasio Bustamante, mandó como jefe político de la península al Licenciado Luis del Castillo Negrete, quien había desempeñado el cargo de juez de distrito en la Alta California, de donde tuvo que huir por un movimiento rebelde.

El Lic. Castillo Negrete comenzó su gestión el 7 de mayo de 1837, al tiempo que Carlos Antonio Carrillo se iniciaba provisionalmente como Gobernador y Comandante General del Departamento de las Californias. El Lic. Castillo tenía como comandante militar del territorio a su hermano Francisco Javier, lo que en parte le permitió actuar desde una posición más firme que sus antecesores. Sin embargo, la pobreza en que se debatía el pueblo, una rebelión indígena que acababa de ocurrir en Jacumé, al este de lo que hoy es Tecate, el ataque de los yumas y otras tribus a la misión de Guadalupe, y los continuos enfrentamientos de los diversos bandos políticos, fueron parte de los problemas a los que tuvo que enfrentarse el nuevo gobernante. Aun así, pudo realizar un buen trabajo al mejorar el sistema de administración de justicia, creó el archivo del gobierno, y trató de legalizar la tenencia de la tierra y organizar debidamente los expedientes de las solicitudes; el 8 de julio de 1840 decretó la colonización de los terrenos misionales donde no hubiera comunidad de indios neófitos, y en 1841 trató de secularizar las misiones dominicas del sur en las que hasta entonces no se había aplicado la ley de 1833, y el 22 de abril de 1842 decretó la colonización de islas baldías.

Al sentir los dominicos estas acciones como una agresión a sus intereses, no se hizo esperar la respuesta del presidente de las misiones fray Gabriel González, quien en enero de 1842, apoyado por José Matías Moreno, Manuel Márquez de León y unos 40 hombres, se levantó en armas contra el gobierno concentrando sus fuerzas en Todos Santos. El comandante militar Francisco Javier del Castillo no tuvo mucha dificultad en sofocar el movimiento y los cabecillas fueron enviados presos a Mazatlán; sin embargo, al poco tiempo salieron libres los capitanes de la revuelta, no pudo aplicarse el decreto de 1833, los hermanos Castillo dejaron sus puestos el 10 de junio de 1842 para irse a vivir a Mazatlán y las cosas continuaron como antes. Siguieron en la jefatura política los coroneles Francisco Padilla del 10 de junio de 1842 al 30 de abril de 1843, y Mariano Garfias de esta fecha al 10 de mayo de 1844, cuando se entregó el mando al Coronel Francisco Palacios Miranda, tiempo en el cual ya se desarrollaban en la Alta California los movimientos políticos y sociales que culminarían con la apropiación de aquel territorio por los Estados Unidos.

Los pasquines satíricos

La debilidad de los gobiernos que se sucedieron en Baja California a mediados del siglo pasado se agravaba por la corrupción y la falta de apoyo efectivo del gobierno federal a los jefes políticos, así como por el poder que tenían los misioneros cuya influencia sobre el pueblo era grande.

El padre Gabriel González había llegado a la península quizá desde 1825, y sus dotes de político le permitieron hacer muchos amigos, pero también algunos enemigos, sobre todo entre quienes eran partidarios del principio proclamado por el Lic. Luis del Castillo Negrete: “Donde no hay comunidad de indios neófitos, no hay misión”, el cual justificaba legalmente la enajenación de las tierras misionales en perjuicio de los dominicos que detentaban su posesión; así es que, como ya se ha dicho antes, cuando el gobernante y su hermano Francisco Javier intentaron aplicar la ley para secularizar las misiones en 1841, se rebeló el padre González, de quien se rumoraba que tenía amistad con el Presidente de la República Antonio López de Santa Anna y el secretario de guerra general José María Tornel y Mendívil. Por aquella época no había periódicos, y poca gente sabía leer y escribir, pero aún así circulaban clandestinamente pasquines anónimos por los poblados y rancherías, en los cuales se narraban los acontecimientos del día en forma satírica y frecuentemente en verso, por lo que cuando el padre Gabriel fue a la ciudad de México supuestamente a buscar apoyo en contra de las acciones de Castillo Negrete, circularon en La Paz y otras poblaciones los siguientes versos, que se encuentran en los Apuntes Históricos de la Baja California del Lic. Manuel Clemente Rojo:

Otro ejemplo de los escritos en pasquines satíricos de la época es el siguiente:

El primero era fraile, el otro también; el primero español, el otro también; el primero presidente de las misiones, el otro también; el primero fue a México en solicitud de un gobernante para California, el otro también; el primero era un santo, el otro revolucionario; el primero catequizaba a los gentiles, el otro se quiere apropiar de los bienes ajenos; el primero era sabio, el otro intrigante; el primero fue a abogar por un soldado meritorio, el otro por un instrumento; el primero consiguió su objeto elevando al poder a un conquistador que descubrió nuevas provincias y se abrió paso con su espada en todas partes; el otro trajo a un coronel de nuevo cuño que se esconde bajo la sotana de un fraile. Ja, ja, ja. Quién sabe de vueltas que da una llave. Estos escritos son un reflejo de las pugnas que se daban entre las facciones políticas de tendencias opuestas, y demuestran que, cuando menos, un sector del pueblo era capaz de divertirse con aquellas expresiones literarias. Además, es cierto que los religiosos aun eran respetados por la gente, pero las tendencias liberales se percibían en la mofa que parte del pueblo y algunos políticos hacían en contra de quienes, a su juicio, merecían la crítica.

Ataque de Bouchard a la costa de Alta California

Hipolite Bouchard , de origen francés y nacionalidad argentina, formó parte de la marina de este país, y con patente de corzo navegó por el Océano Pacífico en su nave “Argentina”, de 62 cañones, luchando siempre contra los españoles. “La Argentina” y el “Santa Rosa”, que formaba parte de la flotilla, llegaron a Monterrey en octubre de 1818¹⁵, ocupó el poblado con unos 400 hombres e izó allí la bandera del país sudamericano, saquearon pueblo y presidio, quemaron parte de la misión de San Juan Capistrano a pesar de la resistencia que trató de presentar el gobernador español Pablo Vicente Solá, y después de varios días se fueron, sin haber podido llevarse un botín de importancia y con el “Santa Rosa” bastante dañado por la artillería española. Además de Monterrey y San Juan Capistrano, Bouchard atacó e incendió el Rancho El Refugio.

Ya retirado, Bouchard ocupó su tiempo en dos haciendas que le había entregdo el gobierno de Perú en donde estableció un ingenio azucarero. El 4 de enero de 1837, uno de sus esclvos que trabajaba en las hciendas, cansado de soportar los malos tratos de Bouchard, lo asesinó.